Comunicado público sobre expresiones vertidas a la prensa por la fiscal Gabriela Fossati

 

La Fiscalía General de la Nación tiene como política no discutir públicamente con los funcionarios de la institución, considerando que no es conveniente ni adecuado hacerlo con personas que están sometidas a jerarquía administrativa. En el caso de la Dra. Gabriela Fossati se suma además, el hecho de que la referida fiscal se encuentra de licencia médica por lo que se desconoce su actual estado de salud. Pero dada la difusión mediática que han cobrado sus reclamos, se entiende necesario hacer una serie de puntualizaciones:

 

-La semana próxima pasada se realizaron más de sesenta designaciones en vía de ascenso y traslado, las que se efectivizaron sin ningún tipo de inconveniente, salvo la de la mencionada fiscal. Ésta última designación no pudo realizarse por encontrarse la referida funcionaria de licencia médica.

-Las designaciones se realizaron por actos administrativos motivados en razones de servicio y bajo la premisa constitucional de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.

-La designación públicamente cuestionada fue en una Fiscalía Letrada Penal de Montevideo, de la misma categoría y materia que ocupa en la actualidad la fiscal Fossati, por lo que ésta no sufrió ningún menoscabo en sus derechos laborales. La única diferencia es el régimen procesal por el que tramitan las causas: en una se aplica el viejo Código de Procedimiento Penal y en la otra el Nuevo Código del Proceso Penal.

-La afirmación de que la designación en cuestión se trató de una sanción, contiene implícitamente una descalificación por la labor que desempeñan estas fiscalías, así como un menosprecio por los derechos de las personas comprendidas en la causas que allí se tramitan.

-Sostener que se trata de una persecución por sus expresiones constituye un agravio gratuito a quienes han propiciado y defendido la libertad de expresión de los fiscales en todas las instancias posibles, incluso en el Parlamento Nacional.

-Tampoco puede afirmarse que se trata de una persecución gremial, porque no ocupa cargos de dirección en el sindicato y no representó al gremio de fiscales en ninguna de las múltiples instancias de negociación entre éste y la Fiscalía General de la Nación.

-La afirmación de que no existen garantías para investigar causas cercanas al poder, en un país donde fiscales -como por ejemplo el Dr. Juan Gómez- solicitaron el enjuiciamiento de dirigentes políticos de primera línea, no sólo es falsa sino agraviante.

- Los criterios de asignación de casos utilizados por el departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) son objetivos y surgen de la ley, las resoluciones del jerarca del servicio y de las instrucciones generales elaboradas por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales del cual participa la Asociación de Fiscales. Éstos criterios son públicos y comunicados al Parlamento y al Poder Ejecutivo.

-A partir del 1° de noviembre todas las denuncias por delitos de corrupción pública en el departamento de Montevideo, en función del criterio de especialización, deben ser investigadas por la Fiscalía de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos a cargo del Dr. Enrique Rodríguez, sobre cuya idoneidad técnica y ética no pueden haber cuestionamientos.

 

Fiscalía General de la Nación.

27 de febrero de 2018

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